Especialistas aseguraron que en el marco legal nacional, no se solicitó autorización judicial ni activaron el protocolo de cooperación
Tras lograr que los cargos contra Salvador Cienfuegos Zepada, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional con presunto nexos con el narcotráfico, el gobierno mexicano recibió un paquete de evidencias recabadas por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) con las que se logró su detención en Los Ángeles.
Sin embargo, el ex procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, dio a conocer al periódico El Universal que la ahora Fiscalía General de la República tendrá que darse a la tarea de buscar nuevas pruebas en contra del ex funcionario porque resulta difícil que las presentadas por Estados Unidos sean validadas por la justicia mexicana.
“Esas pruebas, obtenidas de esa manera, deberán, a mi juicio, ser desechadas”, sentenció. Su argumento se basa en el hecho que ya ha sido recalcado por las autoridades mexicanas: los presuntos delitos del ex secretario habrían tenido lugar en el país.
Por otro lado, dijo al medio mexicano que Cienfuegos Zepeda debería ser juzgado en el fuero militar puesto que estas acciones supuestamente tuvieron lugar mientras se desempeñaba al frente de la Sedena.
A Salvador Cienfuegos se le relacionaba con el cártel de los Beltrán Leyva, con quien habría colaborado para enviar toneladas de droga a los Estados Unidos. La DEA emitió la acusación en la que, además, aseguraba que había recibido sobornos de Juan Francisco Patrón, el “H2” .
El “H2” se encontraba ligado a los Beltrán Leyva pues era el lugarteniente de una de las células relacionada con el grupo criminal hasta que fue abatido en un operativo de la Sedena en 2017.
Cienfuegos también se habría asegurado de que las operaciones militares no tuvieran como objetivo principal al cártel. Más bien, pretendía que estos se enfocaran en los grupos criminales rivales.
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