|Por: Guillermo Bañuelos|

La discusión respecto de la supremacía de los conductores sobre las personas que caminan -más que sobre la conveniencia o no de construir reductores de velocidad- ofrece la oportunidad de revisar y de adecuar la infraestructura urbana y las reglas de convivencia entre el automovilista y el peatón, quienes nos vemos obligados en algún momento a caminar.

El debate sobre la movilidad de las personas, que se desarrolla principalmente en las redes sociales, es un ejercicio deseado por quienes aspiramos a vivir en una ciudad más amable y menos agresiva. La discusión era urgente. Vea los datos: en comparación a lo ocurrido en mayo, el pasado mes de junio aumentó en 14.6% la ocurrencia de siniestros viales y en 33.3% la cantidad de muertes de usuarios vulnerables en la vía pública (peatones y ciclistas).

Junio terminó con 399 siniestros viales en la mancha urbana de Culiacán, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa (SESESP). Entre un mes y el otro, los atropellamientos aumentaron en 66%, las colisiones contra ciclistas en 50% y el número de choques contra vehículos estacionados en 41%.

Aunque parezca que éste diálogo inició de manera súbita o como reacción a la instalación de pasos peatonales seguros, en realidad la discusión es consecuencia de propuestas y de una labor modesta y persistente (disruptiva, de alguna forma) formuladas por organismos como el IMPLan Culiacán, ProCiudad y MAPASIN, entre otros.

De repente, el altercado sube de tono. Es cuando algunos automovilistas ven amenazado su supuesto derecho a disponer de ejes viales “de alta velocidad” y a desplazarse dentro de la ciudad a altas velocidades. O cuando otros (muy pocos, afortunadamente) llegan al extremo de exigir que la ley ordene la aprehensión y sanción de peatones que no usen “correctamente” la vía pública o evadan el uso de los puentes “peatonales”.

Nada de qué alarmarse, este proceso traerá cambios, grandes o pequeños, en bien de la ciudad y de la gente.

Las nuevas leyes mexicanas son claras: definen una jerarquía de preferencias en el uso de los espacios públicos y ordena que primero debe ser el peatón, los discapacitados y las bicicletas; luego el transporte público de pasajeros, de carga, y al final las motocicletas y los vehículos motorizados.