|Por: José Angel Sánchez López|

 

El mayor crimen está ahora, no en los que matan, sino en los que no matan pero dejan matar.

José Ortega y Gasset

 

Ya lo había mencionado anteriormente el Presidente López Obrador en una o dos ocasiones y lo acaba de reiterar esta misma semana ante un grupo de mujeres que reciben entrenamiento en la Guardia Nacional.

“Los delincuentes son seres humanos que… merecen también nuestro respeto y el uso de la fuerza tiene límite y es básicamente la legitima defensa”.

La premisa, para nosotros absurdamente aplicada por los defensores de derechos humanos al defender a delincuentes (secuestradores, asesinos despiadados, entre otros) que en su defensa alegaban haber sido torturados para aceptar su responsabilidad.

De nada han valido ante esos argumentos las pruebas contundentes de crímenes cometidos para aplicarles un castigo de prisión y han sido liberados.

Para las víctimas de esos delincuentes no hay, no se han visto sus derechos humanos y ciudadanos, ha pesado más el “derecho” del victimario que el de los victimados.

Hoy vemos que la delincuencia organizada goza de amplios privilegios para someter a una ciudadanía inerme ante el embate de aquella gracias a la protección que desde la Presidencia de la República se les otorga.

O acaso no es protección el hecho de que no se persiga al delincuente…?

Si bien hoy el Ejército y la Guardia Nacional (menos preparada) están autorizados a repeler las agresiones armadas de los delincuentes, al inicio de la administración lopezobradorista tenían órdenes surgidas del alto mando (Comandancia suprema) de no responder el fuego.

Recordemos soldados agredidos y desarmados sin que pudieran defenderse.

Soldados y policías abatidos por sicarios del narco.

Aquí tenemos fresco en la memoria el ingrato recuerdo del “jueves negro”
o “culiacanazo” cuando la capital del Estado fue prácticamente tomada por grupos armados del narco y las fuerzas federales recibieron órdenes muy superiores de liberar a Ovidio Guzmán.

El “método” de abrazos no balazos, o la “amenaza” de acusarlos con sus mamacitas, propuestos por López Obrador fueron palabras de risa para la delincuencia.

Los resultados de esa criminal complacencia presidencial se ven cotidianamente cuando se cometen asesinatos por todos rumbos del país.

Estados antes tranquilos o medio tranquilos, como Guanajuato, hoy sufren grave escalada de violencia.

Si bien en Sinaloa se han abatido los índices de violencia que antes teníamos, pero vemos el trasiego de los delincuentes por calles y caminos.

Hace unos días, en Culiacán se dieron el lujo de sitiar el corazón de la ciudad y acordonar la catedral para la boda de una hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán que congregó a lo mas granado de los grupos del narco.

Y ninguna autoridad “se enteró”.

Vaya, ni el Presidente López Obrador que en sus mañaneras asegura casi a diario que está enterado de todo lo que pasa en México, de esto no supo nada.

“No estoy enterado”, fue la respuesta a la pregunta que al respecto le hicieron.

Al menos no dijo “yo tengo otros datos…”

Tenemos leyes que no se aplican debidamente.

Quien trafica drogas es un delincuente.

Quien asesina es un homicida.

Quien masacra a grupos de personas es un criminal peligroso.

Y a ninguno se aplica la ley.

Ah! pero si omite un declaración fiscal o comete el error de presentar facturas falsas, es un delincuente que va a la cárcel sin derecho a fianza.

El resultado de la política de abrazos no balazos es que en lo que va de este nuevo sexenio se ha roto el récord de todos los tiempos de homicidios violentos.

Y sigue creciendo.

Ah!, pero para el Presidente los criminales tienen derechos humanos por sobre los de sus víctimas.

¿Cómplice o empleado…?