|Por:  José Angel Sánchez López|

 

La verdad: la única cosa para la cual no hay grados, sino perpetuos desgarrones y rupturas.                                                                                               

                                                                                                                               John Ruskin  

El avance que registra el proceso penal en contra de Luis Angel Pineda Ochoa (a) “Lapo” nos hace preguntar de nuevo: ¿Y los peces gordos que…?

De los ex funcionarios del gobierno encabezado por Mario López Valdez (Malova) los sinaloenses tenemos la idea, bien fundamentada, de que algunos se enriquecieron y otros salieron del status de quiebra que tenían sus negocios y, no obstante que se abrieron decenas de expedientes de investigación son mínimos los avances logrados o que la opinión pública tenga conocimiento de que los haya.

En lo poco que se ha avanzado hemos visto la blandura con que opera la justicia bajo el amparo del nuevo sistema de justicia penal.

El caso del ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, acusado por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública por un monto de 480 millones de pesos, el proceso de investigación redujo el monto a solo 14 millones y quedó solo el delito de desempeño irregular de la función pública por firmar contratos para la prestación de servicios sin licitación.  

¡Ni siquiera llegó a juicio y la “nueva justicia” sinaloense pactó para que pagara solo esos 14 millones y en abonos!

Así se libró de la cárcel.

Pero el ojo de la vendada justicia no revisó bien porque había mucho mas por sacar a la luz y ahí quedó.

En el caso de Pineda Ochoa se trata del primer ex funcionario que llega, ahora sí, a ser juzgado mediante el juicio oral, el cual se está desarrollando con la comparecencia de testigos de cargo y descargo.

El ex secretario técnico de la Secretaría de Turismo del Estado es acusado de cometer el delito de desempeño irregular de la función pública por el pago de poco más de 8.6 millones de pesos para supuestas campañas publicitarias que no existieron y esos dineros salieron en 41 cheques expedidos y cobrados por familiares cercanos de Pineda Ochoa.

Entre los comparecientes presentados por la fiscalía estuvo ya el que fuera Secretario de Turismo en la parte final del gobierno de Malova, Rafael Lizárraga Favela, que fue quien denunció los hechos.

En su declaración Lizárraga Favela, acusado en un principio y luego exonerado, señaló que cuando se dio cuenta de los pagos por las campañas inexistentes, López Pineda le dijo que eran “órdenes superiores”.

¿Superiores… de quién?

¿Del Secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal o de su compadre, el Gobernador López Valdez…?

No lo aclaró, pero ahí están nuevos indicios sobre la corrupción en los altos mandos del gobierno malovista.

Nuevos indicios que deben ser investigados para llegar al centro de la madeja, porque López Pineda no actuó por sí solo. Hubo complicidad y/o complacencia de sus superiores, desde Francisco Córdova Celaya hasta Armando Villarreal y quizá el propio Gobernador. 

Ahora bien, ni la Secretaría de Transparencia, ni la ASE han llevado más a fondo la investigación pues para nada se ha involucrado a quien fuera jefe inmediato de López Pineda, Francisco Manuel Córdova Celaya, quien primero fue Secretario de Seguridad Pública y luego pasó a Turismo, llevando siempre a su lado a Lapo con quien hizo “entrañable amistad”. En ambas Secretarías Lapo era quien manejaba los dineros.

Juntos viajaron varias veces al extranjero, dilapidando los dineros de los sinaloenses.

Pero no se le ha tocado por investigación alguna. Ni se ha investigado en la SSP.

Ahora bien, López Pineda ha guardado silencio en cuanto a complicidades.

Rechazó negociar la devolución del dinero, como si lo hizo Echeverría Aispuro y decidió ir a proceso con la certeza de que aun siendo sentenciado culpable no pisará la cárcel.

Porqué?

Simple y sencillamente porque al ser juzgado con el sistema penal en vigor cuando se cometió el delito, éste no está calificado como grave. El sistema actual, en vigor desde el 2017 si lo califica como grave por lo que no tiene derecho a libertad provisional.

El último párrafo del artículo 300 del Código Penal que se le aplicaría señala que: “cuando el monto del producto del delito o de los daños o perjuicios causados, exceda de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la sanción será de uno a nueve años de prisión y de ciento ochenta a quinientas veces multa”.

De ser condenado, como se presume será, puede acogerse al beneficio de la libertad condicional y no tendrá que ir a la cárcel. Además, la multa la puede pagar en abonos, mas fáciles que los que pagó Echeverría Aispuro

Total, si ya antes, hace años sufrió una condena y estuvo en prisión una temporada por el robo de energía eléctrica (delito federal) una condena mas, ¿Qué tanto puede pesar…?    

Ahora bien: que pasa con los cientos de expedientes abiertos contra otros ex funcionarios malovistas…?

¿Alcanzará el brazo de la justicia a los corruptos del sexenio pasado…?

¿O todo quedará en puros charalitos para que los peces gordos sigan nadando felices disfrutando de las fortunas surgidas de los dineros de los sinaloenses…?

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