|Por:  Guillermo Bañuelos|

En Sinaloa debemos recordar -para no olvidar- la intentona de Mario López Valdez de comprometer las finanzas del gobierno estatal durante 23 años y medio mediante la firma de dos contratos público-privados entre su administración y dos de las empresas más consentidas por Enrique Peña Nieto, ambas ganadoras de las licitaciones EA-925006998-N53-2013 y  EA-925006998-N54-2013, respectivamente,  para la construcción de los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán.

Tal asunto viene a cuento por una asociación de ideas generada por las noticias que brotan del juicio actual contra algunos funcionarios malovistas, por un lado, y la visita a nuestro planeta -este jueves- del asteroide 2008 KV2, una roca tamaño monstruo que, en el remotísimo caso de impactar la Tierra, causaría una devastación similar a la que pudo provocar aquel proyecto fallido de Malova en las de por sí depauperadas finanzas del gobierno estatal. Esta historia pudo ocurrir y tener en la lona ahora a Sinaloa.

La intentona fracasó al no aprobar el Congreso del Estado de Sinaloa una iniciativa del Ejecutivo para  reformar los Decretos 976 y 977, la cual atentaba contra la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada del Estado.

La negativa implicó una oposición férrea de algunos diputados, principalmente de Víctor Díaz Simental, presidente de la Comisión Permanente de Salud, quien sacrificó en esta gesta todo su capital político ganado a lo largo de su carrera política, y de Sandra Lara, quien osó cuestionar al gobierno estatal que asumiera los riesgos que derivarían de la construcción y la operación de ambos hospitales, exonerando a las empresas, frente a los entonces intocables secretarios de Administración y de Salud, Armando Villarreal y Ernesto Echeverría, los dos ahora bajo la lupa de los auditores y de la opinión pública.

El cuestionamiento de los diputados Víctor Díaz y Sandra Lara fue que el gobierno adquiriría un riesgo que no existía cuando se liberó la convocatoria para las licitaciones mencionadas. Es decir, los riesgos de inversión los correría la administración y, así, los inversionistas aseguraban grandes utilidades. El gobierno de Sinaloa haría uso del fondo federal como garantía por el crédito que otorgaría BANOBRAS a los empresarios.

¿De cuánto hablamos? El gobierno de Sinaloa pagaría anualmente 347 millones de pesos durante 23 años y seis meses a los inversionistas del hospital de Culiacán. En total, 8 mil 154 millones de pesos.

En el caso del hospital de Mazatlán, el pago anual del gobierno de Sinaloa a los inversionistas ascendería a 239 millones anuales durante 23 años y seis meses, lo que significa un total de 5 mil 616 millones de pesos.

¿Y los hospitales? Aunque parezca increíble, sin comprometer durante más de dos décadas los fondos de la administración estatal, ambos están en proceso de construcción. El gobernador Quirino Ordaz Coppel gestionó una inversión federal de un mil 230 millones y de un mil 400 millones de pesos en la construcción de estos nosocomios de Culiacán y Mazatlán, respectivamente. Este hecho demostró que el gobierno de Malova mentía cuando afirmaba que los contratos APP eran la única solución a los problemas de salud pública de Sinaloa.