|Por: Carlos Noé Cota|

 

México ha sido testigo de bochornosos grados de desigualdad social, hasta de los que han bloqueado las energías productivas de la Nación y las mantuvieron trabadas en mitos equívocos e inercias inoperantes tanto en gestión gubernamental como en la organización socioeconómica. En el ámbito político la doble moral no cambia y el poder presidencial renace como en los viejos tiempos donde las decisiones políticas, económicas y sociales las tomaba un solo hombre: “El Presidente de la República”.

La Mesa Directiva del Senado de la República turnó a la comisión de Gobernación las tres peticiones del PAN y MORENA para que el senado declare la desaparición de poderes en Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato. Un juego donde los intereses políticos se abren al público, como el Coliseo Romano para ofrecer sangre a un pueblo sediento de justicia.

El clima de Inseguridad registrado en los últimos tiempos en estas entidades, es la justificación de nuestros flamantes legisladores. Veracruz gobernado por MORENA arrastra la vergonzosa destitución del fiscal JORGE WINCKLER, por parte del Congreso Local, alentada por el gobernador CUITLAHUAC GARCIA JIMENEZ, al considerar que no hay condiciones de gobernabilidad, por lo que la bancada del PAN solicitó la desaparición de poderes. En respuesta, algunos legisladores de MORENA propusieron esa misma acción en Tamaulipas y Guanajuato, gobernados por el PAN. Este dictamen lo tiene en sus manos la comisión respectiva para valorar si se sube al pleno o se desecha.

La desaparición de poderes en México, es un proceso legal que se da por diversas causas, que pueden ser políticas o sociales, donde el Senado de la República se convierte en instrumento legal o político al tener facultades constitucionales y pasar sobre las soberanía de un Estado para designar nuevos poderes que sustituyan a los desaparecidos según se contempla en el Art. 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La desaparición de poderes históricamente tiene su origen en la época del entonces presidente SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA (1875), como una forma de mantener el orden constitucional en los Estados, también ha sido usada como un arma política del Presidente de la República en turno para controlar a gobernadores o destituirlos por otros más afines a sus intereses.

La caída de mandatarios estatales es considerada una tradición priista. Los presidentes ECHEVERRÍA y CARLOS SALINAS DE GORTARI, practicaron el desafuero de gobernadores como deporte Nacional. Lo siguió ENRIQUE PEÑA NIETO, quien le impuso el pretexto de licencia al gobernador de Guerrero ANGEL AGUIRRE, quien por cierto forma parte de la investigación judicial de la FGN por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa; FAUSTO VALLEJO, dimitió de manera definitiva del gobierno de Michoacán y todo por involucrarse con miembros del crimen organizado.

Los Gobernadores en México, no han podido ser contrapesos del Presidente de la República en turno a pesar de haberse agrupado en la CONAGO, siguen siendo piezas secundarias dentro del sistema político surgido de la revolución mexicana. El pacto federal es considerado un pacto de membrete, donde cada gobernador tiene que hacer méritos para lograr mejores presupuestos federales, contar con la guardia nacional en sus Estados y recibir grandes apoyos sociales.

Por costumbres y normas siempre buscarán estar de lado del poder, sin importar el color e ideología, y en un sexenio gubernamental la mayoría de ellos cambia su forma de gobernar y hasta de vestir y caminar, siempre siguiendo el estilo del nuevo rey. Un rey que también es llamado Señor Presidente. En Sinaloa el gobernador QUIRINO ORDAZ COPPEL, por un lado es apapachado por el presidente y por otro le manda flechas envenenadas.

El entrampamiento político nacional como el que se vive en la actualidad sobreviene cuando hay pobreza democrática, se abusa del poder, se regresa a los periodos de la inestabilidad política, social y económica, del vacío o la extrema debilidad de las instituciones o por la ausencia de principios mínimos de legalidad, sin advertir que precisamente las condiciones básicas del desarrollo democrático radican en la estabilidad social, la fortaleza institucional, el marco de la legalidad y el apego a las normas por los actores políticos.

Es momento de acabar con estos azolvamientos que se arrastran del pasado, cambiar la inmadurez y la vejez de las costumbres de un poder ejecutivo que dispone de otros poderes como si fueran uno mismo. Tan mal andamos con eso de la inmadurez política y los disque “democráticos justicieros”, que en municipios como Ahome, Culiacán y Mazatlán, insisten en un tema tan delicado como el solicitar al Congreso Local juicio político y desaparición de poderes de sus alcaldes, sin comprender lo que significa un desafuero y las repercusiones que esto pudiera tener ¿Quiénes son y a quienes representan?