“Las libertades de las que gozamos en California están bajo ataque y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ya hemos hecho frente a este desafío antes y sabemos cómo responder”.

Esa fue la primera reacción del gobernador californiano Gavin Newson al conocerse el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Apenas habían pasado 48 horas, y el demócrata no solo hizo esa advertencia, sino que dio el primer paso para empezar a convertir a California en un estado lo más “a prueba de Trump” posible, para blindar sus políticas antes de que inicie el segundo mandato del republicano.

Convocó así una sesión extraordinaria en el Congreso estatal para el 2 de diciembre, poco más de mes y medio antes de que Trump asuma el cargo.

El objetivo: discutir opciones y aumentar los fondos para potenciales litigios con la nueva administración en cuestiones como la protección a los inmigrantes, los derechos reproductivos y LGBTQ+, o la lucha contra el cambio climático.

La respuesta del presidente electo no se hizo esperar. Usando su apodo favorito para el gobernador, Newscum —un juego de palabras con su apellido y “escoria” en inglés—, y haciendo un guiño a su propio lema de campaña, lo acusó de entorpecer “todas las grandes cosas que se pueden hacer para que California vuelva a ser grande”.

La avanzada de California

Los líderes de este estado del suroeste del país llevan años presentándolo como un baluarte contra el extremismo de derecha, y Newsom en particular se ha posicionado a nivel nacional como uno de los críticos más acérrimos de Trump.

Hay quien señala que en realidad está allanando su camino hacia la candidatura demócrata para la presidencia de 2028.

Aunque si hay alguna entidad que pueda ser el contrapeso de una “trifecta de poder” republicana —como en la jerga política de Washington se denomina al escenario en el que el partido del presidente también controla ambas cámaras del Congreso–, esa es California.

No solo porque, con sus casi 39 millones de habitantes, es el estado más poblado del país.

También debido al tamaño de su economía —se calcula que si fuera una nación, sería la quinta economía del mundo—, que puede sacudir mercados y tiene así la capacidad de influir en la política nacional.

Es, además, el estado que más ataques ha recibido de Trump y sus aliados, y el que probablemente, en vista de las promesas electorales, más tiene que perder.

No hay más que fijarse en las potenciales consecuencias que tendría para California “la mayor deportación de la historia de EE.UU.” que promete Trump.

“Promesas hechas, promesas cumplidas”

Ya en la noche electoral, nada más saberse ganador, Trump adelantó que en su segundo mandato se guiará por un lema simple: “Promesas hechas, promesas cumplidas”.

Y esta semana confirmó —en mayúsculas, en su red social Truth Social— que prevé declarar la emergencia nacional y movilizar tropas para devolver de forma masiva a inmigrantes indocumentados a sus países de origen.

California es el hogar de más de 10 millones de personas nacidas en el extranjero, incluidos unos 1,8 millones sin un estatus legal, según datos del 2022 del centro de investigación Pew.

También es el segundo estado, por detrás de Nevada, que alberga a más familias con miembros con situaciones migratorias mixtas; en las que, por ejemplo, los hijos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento mientras uno u ambos progenitores no tienen papeles.

Hay más de seis millones de hogares con esas características en EE.UU., cerca del 5% del total. Y aproximadamente 4,4 millones de niños nacidos en el país viven con algún pariente sin permiso de residencia, de acuerdo a Pew.

Ante ese panorama, una deportación masiva no solo sería un drama humano, advierten los expertos, sino también un batacazo para la economía. Y es que hay sectores que dependen en gran medida de la mano de obra indocumentada, como la construcción o la agricultura.

En ciertas zonas de California, estado conocido como el granero de EE.UU. porque produce un tercio de las verduras y tres cuartas partes de las frutas del país, los trabajadores sin papeles pueden llegar a ser el 70% de la fuerza laboral.

«Santuario» para migrantes

Así, hace años que el estado empezó a consagrar protecciones para inmigrantes indocumentados.

En 2017, el entonces gobernador Jerry Brown firmó la Ley de los Valores de California (SB 54), que prohíbe a las fuerzas policiales estatales y locales colaborar con las fuerzas federales en cuestiones migratorias.

Y ahora, a la espera de que el Congreso en Sacramento decida otro tipo de refuerzos en la sesión del 2 de diciembre, varias ciudades californianas ya empezaron a tomar sus propias medidas.

El Ayuntamiento de Los Ángeles respaldó este martes una ordenanza para convertir a la segunda mayor urbe del país en una “ciudad santuario”. Lo hizo por unanimidad, pero debido a que el proyecto se enmendó durante la sesión del consejo, requiere de una segunda votación.

Presentada en 2023, la ordenanza tiene como objetivo servir de cortafuegos entre las autoridades federales de migración y las agencias de la ciudad.

De acuerdo a la misma, los empleados municipales no pueden “investigar, citar, arrestar, retener, transferir o detener a ninguna persona” con el propósito de hacer cumplir la ley de inmigración, a excepción de casos en los que se estén investigando delitos graves.

Tampoco les está permitido recopilar información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de alguien, a menos que sea necesario para brindar un servicio municipal.

“Evitará que las agencias federales de inmigración accedan a las instalaciones de la ciudad y que echen mano de los recursos municipales”, le dijo la concejal Nithya Raman a la cadena CBS News, socia de la BBC en EE.UU.

Y en San Francisco, que en su día demandó a la primera administración Trump por sus esfuerzos para presionar a la policía municipal para que ayudara en la detención de migrantes, el fiscal David Chiu adelantó que planea volver a “usar todas las herramientas legales para defender la ciudad”.

Aunque Tom Homan, a quien Trump eligió como su “zar de la frontera”, ya advirtió que ese tipo de leyes y medidas locales no frenará a la administración en su cometido.

“Nada impedirá que deportemos a migrantes criminales. Haremos el trabajo con su ayuda o sin ella”, aseguró en una entrevista en la cadena Fox News quien, tras ser policía en Nueva York, fungió como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En esa línea, el fiscal general del estado, Rob Bonta, reconoció que, si bien el gobierno de California puede brindar asistencia legal y garantizar el debido proceso, los funcionarios estatales no tienen poder directo para proteger de la deportación a quienes se encuentran en el país de forma irregular.

Información/BBC Mundo