|Por: Carlos Noe Cota|

El proceso electoral que se vive en la actualidad es inédito por el número de puestos de elección popular que estarán en juego, pero también será recordado por las condiciones que se viven por el covid-19 y la situación económica prevaleciente. Existirá una gran presión sobre los nuevos conductores del servicio público, llámense gobernadores, alcaldes o diputados, quienes deben estar conscientes de los reclamos que recibirán ante la caída de atención de los servicios de salud, la situación en el sistema educativo, servicios públicos, desempleo, inseguridad pública, etc.

También habrá reclamos e indignación por tanto desaparecido, por las fosas clandestinas, las injusticias y las terribles desigualdades, así como por los pésimos precios en la comercialización de los productos agrícolas.

Quien llegue como gobernador o alcalde de Sinaloa, enfrentará el humor negro de sus gobernados ante lo incompleto, lo insuficiente y posiblemente desviado que encontrarán de sus antecesores. Sin que importe ideología o color partidista, cada uno de los candidatos que buscan servir a Sinaloa debe prepararse para lo que viene con programas y acción viables.

Se debe pensar en una política social basada en la estabilidad económica y en la recuperación del crecimiento de las fuerzas productivas, lo que se logrará otorgando confianza y facilitando la inversión y la creación de empleos, todo basado en la transparencia y honestidad.

Para enfrentar los tiempos por venir se necesitan esfuerzos adicionales para impulsar y consolidar la obra económica en marcha como la carretera Badiraguato-Parral, la Presa Santa María, la carretera Topolobampo-Chihuahua, la llegada en su totalidad del gas y certidumbre en la inversión de la planta de amoniaco en Topolobampo.

 

En materia educativa es necesario fortalecer la cobertura y sobre todo elevar la calidad de la enseñanza como reclamo generalizado, lo que ayudará en el desarrollo de la población. La educación es forma de convivencia, sustento de vida democrática, fuente de renovación de nuestra realidad y de nuestras potencialidades, acervo para el presente y para el futuro de Sinaloa. El compromiso de quien llegue a gobernar la entidad, es elevar la calidad de la educación y su sentido democrático, donde las universidades públicas dejen de ser trincheras, cajas grandes y bolsa de trabajo de políticos pasados de moda.

Se debe articular, modernizar y fortalecer la red de servicios básicos que presta el Estado y Municipios, particularmente en materia de caminos, vivienda, recolección de basura, alumbrado público, deporte y agua potable. Y como tarea de alta prioridad se debe revisar la eficacia con que se usan los recursos públicos.

Pocos problemas tan urgentes y dramáticos vivimos hoy en día como la disponibilidad y uso del agua, y algo se tiene que hacer con sequias que van y vienen. Habitantes de los altos de Sinaloa, padecen los escases del agua. Por ello es necesario generar la cultura de este vital líquido.

El tema ecológico es muy complejo. Urge la batalla por el restablecimiento de un medio ambiente limpio que sea orgullo y patrimonio de generaciones futuras. Debe ser compromiso de autoridades y sociedad revertir las tendencias de la contaminación del aire, costas y aguas. Ya existe conciencia del tema, ahora falta la acción y los resultados. En este tema la corresponsabilidad es indispensable e inevitable.

En cuanto a las comunidades indígenas, es imposible resolver en una administración siglos de padecimientos, humillaciones y reclamos. El compromiso debe ser entregar energía, acción y voluntad política para encontrar soluciones a los obstáculos cotidianos en su vida comunitaria. Solución que atienda y respete sus tradiciones, costumbres y decisiones; que se les dé respuesta mediante una organización legítima y eficaz de ellos mismos. En eso reside la modernización de un buen gobierno: poner en manos de la comunidad los medios para que esta pueda aprovechar plenamente la fuerza y el vigor que tiene y, al mismo tiempo contribuir al gran desarrollo que Sinaloa reclama.

Lograr que el Estado proporcione, en su medida y mediante la concertación social, los servicios constitucionalmente fundados, exige una actitud distinta ante las nuevas formas de organización de ciudadanos, grupos y sectores; solo así brotarán en todos los municipios del Estado los esfuerzos sociales para elevar el bienestar alrededor de los ejes de servicios en materia de salud, educación, vivienda, seguridad, empleo y bienestar.

El enfrentamiento y el aislamiento de las comunidades, solo generan gobiernos pobres alejados de la realidad y de los propósitos fundamentales del bienestar de las personas, que son quienes pagan los sueldos de sus gobernantes y la obra pública que sirve para adornar a la clase política.