• Las reformas permiten castigar como delincuencia organizada a aquellas empresas que mantengan esquemas de outsourcing ilegal.

15 de enero de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el despido en diciembre de 380 mil trabajadores ‘fue algo increíble’ por lo que aseguró que el Gobierno federal actuará en este año contra el abuso que se hace contra los empleados.

Entre las afectaciones por la subcontratación ilegal, enlistó:

• Estabilidad en el empleo, reparto de utilidades, antigüedad laboral
• Ingresos pro prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo, liquidación
• El derecho de adquirir un crédito para su vivienda a través del Infonavit
• Se les registra con un salario menor al real, lo que afecta gravemente sus incapacidades y licencias de maternidad, ahorro para el retiro y pensión.
• Se les da de baja en varios periodos al año, por lo que pierden la asistencia médica, uso de guarderías y otros servicios sociales necesarios para su bienestar.

 

‘Prácticas agresivas en México’

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, denunció que varias empresas ‘sacaron de la nómina a todos sus empleados durante diciembre y los recontrató en enero.

“Son prácticas agresivas de subcontratación, afectó a más de 64 mil trabajadores”, agregó.

Indicó que, a partir del mes de septiembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre, la STPS desarrolló las actividades coordinadas de inspección obteniendo los siguientes resultados:

Se detectaron mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontrataron ilegal, que concentran 862 mil 489 trabajadores con probable afectación en sus derechos laborales y de seguridad social.

El grupo de trabajo realizará durante 2020 acciones especificas sobre estas empresas hasta garantizar el cumplimiento de leyes en la materia.

En tanto, refirió que, en primeras acciones, el grupo de trabajo realizó los primeros siete operativos especiales de inspección a grandes empresas con esquemas muy agresivos de subcontratación ilegal.

 

Castigo

Durante su intervención, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, indicó que la dependencia que representa va contra los esquemas de subcontratación ilegal ya que muchas operan bajo «empresas fachadas», «facturas falsas”.

Además, el procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Romero Aranda, afirmó que las reformas permiten castigar como delincuencia organizada a aquellas empresas que mantengan esquemas de outsourcing ilegal.

«El delincuente puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa y ser condenado hasta 20 años en la cárcel. Es importante que dejen de prestar ese servicio. Esto ya cambió», puntualizó.