El Gobierno de López Obrador reconoce graves violaciones de derechos humanos tras la tortura en 1977 a una militante de la Liga comunista 23 de septiembre

 

23 de septiembre de 2019.- El Estado mexicano ofrecerá este lunes una disculpa pública a Martha Camacho Loaiza, una exintegrante de la desaparecida guerrilla urbana Liga Comunista 23 de septiembre torturada junto a su esposo durante 49 días de 1977 dentro de instalaciones militares, quien sufrió actos de tortura a manos de militares durante la denominada “Guerra Sucia”.

Originaria de Sinaloa, con apenas 21 años de edad, decidió unirse a la Liga Comunista 23 de Septiembre luego de haber atestiguado la explotación en que vivían muchos trabajadores del campo.

 Se sumó a la lucha armada junto con su esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga.

Ambos fueron detenidos el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa. La detención se llevó a cabo por soldados de la de la IX Zona militar, policías estatales y miembros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política de los Gobiernos del PRI.

Cuando la «arrestaron», estaba embarazada de varios meses. Durante su cautiverio, Camacho fue obligada a presenciar la tortura y ejecución de su esposo, José Manuel Alapizco Lizárrag. Sus captores también pusieron una metralleta Thompson en la sien de su hijo al momento de nacer.

Aunque fue torturada por 49 días, presenció la ejecución de su esposo y fue obligada a dar a luz en condiciones infrahumanas, recuperó la libertad luego de que su familia pagó un rescate.

La Liga 23 de septiembre fue un grupo radical marxista fundado en 1970 que buscó forzar un cambio político mediante la toma de armas. Entre sus actividades estuvo el asalto a bancos, el secuestro y al menos 40 asesinatos, la mayoría de policías, aunque el más notorio fue el del empresario Eugenio Garza Sada, de 81 años, fundador de la universidad Tecnológico de Monterrey. Entre los secuestros más recordados estuvo el de la hija del embajador de Bélgica y un intento fallido por capturar, en agosto de 1976, a la hermana del presidente José López Portillo (1976-1982). El sábado, el izquierdista historiador Pedro Salmerón fue destituido del Instituto Nacional de Estudios Históricos y de las Revoluciones de México tras calificar en su blog de “valiente” al comando que intentó secuestrar a Garza Sada en 1973. La palabra creó una gran polémica que demuestra que a México aún se enreda con la memoria histórica.

Camacho, inicio la búsqueda de justicia en el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), el primer político que derrotó al PRI en unas elecciones presidenciales. La Administración del PAN, de derechas, creó en 2001 la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, un intento para saldar las cuentas con el pasado autoritario y su opresiva relación con los grupos subversivos durante los años 60 y 70. El resultado de este esfuerzo defraudó a muchos de los familiares de los desaparecidos. “Cuando abrieron los expedientes no les interesó el castigo a los culpables. No hubo detenciones. No se conoció qué pasó con nuestros familiares, si están muertos o fueron llevados a prisiones clandestinas”, afirma la exguerrillera. La iniciativa derivó en una farsa que llevó al expresidente Luis Echeverría a ser acusado de genocidio para después ser exonerado. 18 años después, el Gobierno de López Obrador se ha propuesto hacer públicos los expedientes de la Guerra Sucia que todavía permanecían bajo vigilancia de los órganos de inteligencia y el Ejército.

Luego de un tortuoso proceso legal que tardó varios años, Martha Alicia consiguió que el Estado mexicano aceptara que ella y su compañero fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos –delitos que son imprescriptibles.

Con el acto, la Administración de Andrés Manuel López Obrador reconoce la responsabilidad gubernamental en las violaciones graves de derechos humanos cometidos durante los años de la “Guerra Sucia”, un periodo de casi dos décadas donde el Gobierno persiguió a la guerrilla y a los movimientos sociales.