|Por Guillermo Bañuelos|
El sistema de transporte público padece una crisis financiera que se ha agudizado por los efectos de la pandemia, lo cual compromete a un sector de servicios especialmente sensible a la evaluación social, al ser visto por muchos como ‘patito feo’.
La baja severa del flujo de pasajeros y de ingresos (de hasta el 70%) desde marzo hasta la fecha tiene en la lona a cientos de permisionarios obligados a mejorar la calidad del servicio, sin que sea posible lograr el nivel deseado en un plazo inmediato.
Aun con la sequía financiera que soporta la actividad, es justo admitir que durante la últimos dos años los transportistas han asumido un riesgo de inversión que se ha convertido ya en un dolor de cabeza pues no es fácil amortizar cada mes los créditos adquiridos para la adquisición de vehículos nuevos y de plataformas tecnológicas que permiten mejorar la gestión de su negocio.
Contra la percepción común, los usuarios de Culiacán disponen de mejor servicio que la mayoría de las ciudades mexicanas medianas, lo que no disculpa la persistencia de evidentes rezagos relacionados con la calidad del servicio.
La ‘nueva normalidad’ impone la urgencia de privilegiar este servicio público como medio de transporte para reducir los niveles de contaminación en las ciudades, el caos vial y ofrecer una alternativa que desaliente el uso y abuso de los autos particulares.
De hecho, las urbes que piensan y planean, adoptan medidas inteligentes para enfrentar la pandemia y colocan como prioridad de la agenda pública el mejoramiento de sus sistemas de transporte.
En Culiacán se habla del arranque inminente de un proyecto para la implantación del Sistema Integrado de Transporte (SIT), el cual cambiaría radicalmente los esquemas de operación.
EL SIT implica fuertes inversiones de los gobiernos federal, estatal, municipal y de los permisionarios.
Los gobiernos y los empresarios de transporte deberán arriesgar miles de millones de pesos para concretar el SIT, lo cual parece complicado.
Es grave la crisis financiera que soportan el sector público y los empresarios del transporte, y el gobierno federal y la Cámara de Diputados se ven obligados a repensar sus criterios y a incorporar en el presupuesto de egresos 2021 fideicomisos o programas que impulsen la modernización del transporte y la creación de esquemas de movilidad urbana verdaderamente sustentables.
También deberán considerar el fortalecimiento de los presupuestos para los estados y municipios, amenazados hoy con que sus recursos sean cercenados.
En lo local, en tanto, los transportistas sostienen encuentros con los diputados para discutir una iniciativa de ley que, de aprobarse, los obligaría a conceder un descuento de 50% a adultos mayores.
Nadie cuestiona la generosidad de tal subvención, pero la pregunta es ¿Cómo otorgarlo? No hay que olvidar que el transporte otorga ya tarifas preferentes a estudiantes de todos los niveles y a personas discapacitadas.
La solución sería que los diputados aprueben un subsidio y recursos suficientes al gobierno del estado para resarcir a los permisionarios la disminución de ingresos que estas obligaciones legales generan.
La decisión de aprobar el nuevo descuento está en el Congreso Local. La decisión de otorgar recursos suficientes a los gobiernos locales está en la cancha e la Canasta de Diputados.
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