| Por: Guillermo Bañuelos|

Andrés Manuel López Obrador propuso una Consulta para que los mexicanos respondamos SÍ/NO a una kilométrica pregunta que intentaré comprimir:

¿Estás de acuerdo en que se castigue por sus supuestos delitos a los ex presidentes de la República? De antemano, la inmensa mayoría decimos SÍ. ¡Adelante!

La mayoría de los Diputados aprobó el 22 de octubre del 2020 la propuesta presidencial con base en el Artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación formuló antes la pregunta que aparecerá en la boleta el próximo 1 de agosto.

El Presidente ha aclarado que no participará en la Consulta solicitada por él mismo, y también que, si lo hiciera, votaría en contra, pues él no es un hombre ‘vengativo’. Siguiendo el argumento de López Obrador, muchos no acudiremos a las urnas.

La Consulta está en el centro del debate pues se argumenta que el gobierno y el Presidente no necesitan preguntarnos qué deben hacer; sus facultades son amplísimas para esculcar y revisar a fondo las cuentas y los actos de sus antecesores y aplicar la ley sin pretextos.

Quienes cuestionan la Consulta arguyen que el Presidente descarga en el pueblo una decisión que le corresponde asumir.

Subrayan la inutilidad del ejercicio al señalar que los supuestos delitos de tres de los ex presidentes ya prescribieron, de tal forma que el ‘mandato’ aplicaría solo al último año de Felipe Calderón y al sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los resultados de la Consulta serán vinculantes sólo si el 1 de agosto se registra una votación mayor al 40% de los 93 millones de ciudadanos inscritos en el padrón del INE (más de 37 millones).

Curiosamente, el día de ayer, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar aclaró que la Consulta «no será para juzgar a los ex presidentes de México, como se ha dicho, pues este solo es un instrumento para preguntar a la gente si quiere o no que se lleven a cabo procedimientos de investigación o de sanación nacional» (SIC). Sin embargo, gane el Sí o el No, el gobierno tiene la obligación de perseguir los delitos supuestos.

La pregunta -textual- será: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?»

En realidad, muchos analistas coinciden en que la sanación nacional no depende de una Consulta, sino de múltiples acciones de todo tipo aún pendientes.

Si a usted el Covid no lo asusta y desea acudir a las urnas, adelante. Vote.