|Por: Carlos Noé Cota|

Por todo lo que está pasando en México y por consiguiente en nuestro querido Sinaloa, llegó la hora “del borrón y cuenta nueva”, la justificación no tiene cabida y no se puede seguir culpando al pasado de nuestros males. Quién la deba que la pague, por ello es prioridad lograr un nuevo sistema político mexicano apegado a derecho. Nuestro país es un lugar de historia, de lucha popular para tener bienestar y justicia social. Es necesario tomar conciencia de los graves problemas sociales que existen y que reclaman mayor atención.

Los mexicanos hemos cruzado caminos históricos que nos llevaron a forjar una nación independiente, libre, igualitaria y prospera, pero también con graves crisis políticas, económicas y sociales. Aun así, seguimos divididos y utilizados por grupos de poder económico y político. Hemos sido testigos de los grandes avances industriales y tecnológicos del país, del auge petrolero y también de lacerantes miserias.

Somos una nación con sentido y afán de justicia desde su nacimiento. La independencia fue una búsqueda de identidad y una lucha contra el privilegio de opresión. Fue, como dijera Hidalgo, una lucha contra la ruina en la que se encontraban sumidos naturales y criollos. Fue, como bien lo proponía Morelos, una lucha por moderar opulencia e indigencia. La batalla por la justicia apenas iniciaba, y hoy en pleno siglo XXI, aún no termina, pues existe mucha pobreza y riqueza acumulada en pocas personas.

En la encrucijada por encontrar una forma de ser autónomos y un destino soberano, nuestros antepasados tuvieron el impulso creativo de una autentica emancipación social y económica que alcanzara a todos por igual. En el imperio de la ley y en el régimen federal, los liberales de 1857 vieron la base de la equiparación ciudadana; entrevieron en las Leyes de Reforma la posibilidad de construir una nueva sociedad de pequeños propietarios, redimidos por la educación liberal.

Como sociedad sabemos que la igualdad formal y el simple avance material no siempre son sinónimos de desarrollo. Con su carga de demandas y reivindicaciones sociales irrumpió la Revolución Mexicana. Se complementó el principio de igualdad frente a la ley con el rechazo social a las desigualdades reales. De nuevo las circunstancias del campesino, del indígena, del ranchero, del artesano, del maestro, del obrero y del pequeño comerciante contribuyeron a enriquecer nuestra visión de justicia. Quedo claro: la fuerza de las libertades comienza en la igual capacidad para ejercerlas. Esta lección fue olvido temporal del mexicano que busca ponerlas en práctica en la actualidad.

Llamamos justicia al imperativo social que nació junto con México y tejió el trabajo en equipo. Este sentimiento de la nación es la amalgama, el cemento que nos debe unir. Surge espontaneo, porque sustenta la organización social que labraron nuestros padres y abuelos. Por eso no es efímero, ni su consecución depende de líderes o de personalidades que se puedan extinguir como llamaradas al término de sexenios gubernamentales. Armados con este profundo sentido de justicia, anclados en la organización de nuestra sociedad la población mexicana busca líderes de carne y hueso, no personas que busquen el poder solo para enriquecerse.

Para los mexicanos el reto de la justicia es sostener, sin ambigüedades y de manera permanente, un ataque frontal a la pobreza; garantizar las seguridades personales, familiares e institucionales en la vida diaria de todos nosotros; enfrentar racionalmente el compromiso con bienestar del pueblo, y dar lugar, con todo ello, a una nueva cultura de civismo y participación que nos haga fuertes entre nosotros y ante el mundo.

La justicia que garantiza la constitución da prioridad esencial a nuestras libertades de creencia y de expresión, de tránsito, de profesión e industria, pero exige también la responsabilidad de respetar iguales libertades en todos los demás. Las disparidades en el acceso al conocimiento, a fuentes de empleo y a condiciones materiales dignas constituyen una lacerante ofensa a nuestra vocación igualitaria y al respeto que nosotros mismos nos debemos. Nuestro sentido constitucional de justicia incorpora, por eso, un compromiso, que la distribución de la riqueza socialmente producida mantenga un equilibrio que beneficie a los menos favorecidos, a las clases populares, a los indígenas, a los campesinos, a los pescadores, a hombres y mujeres de los altos de Sinaloa, así como a jóvenes que luchan por labrarse un mejor porvenir.

Par esto y muchas cosas más, el gobernador electo RUBÉN ROCHA MOYA, los empresarios, FELICIANO CASTRO como responsable de la coordinación política del Congreso Local, los Diputados Locales, MANUEL GUILLERMO CHAPMAN, ANA ELIZABETH AYALA y otros Diputados federales, etc. tienen la gran tarea de trabajar en equipo para transformar Sinaloa .